El Tribunal Oral Federal absolvió este viernes a Aníbal Fernández, Gabriel Mariotto y a Jorge “Coqui” Capitanich por las supuestas irregularidades en el manejo de los fondos públicos del programa “Fútbol Para Todos”.

Los jueces José Michilini, Adrián Grunberg y Ricardo Basílico desestimaron también las acusaciones contra el expresidente a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Luis Segura, y contra Carlos Pandolfi y Norberto Monteleone, miembros de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA).

Los magistrados basaron su decisión en las graves falencias en la acusación presentada por la fiscalía que no cumplían con los estándares legales requeridos.

Para los jueces, la exposición del fiscal Miguel Osorio y la fiscal María Andrea Garmendia Orueta carecía de fundamentos sólidos. Según el veredicto, la acusación no justificó adecuadamente las imputaciones, omitió un análisis detallado de las pruebas recolectadas durante el debate y falló en individualizar las responsabilidades de cada acusado.

Por ese motivo, el tribunal se vio imposibilitado de evaluar las conclusiones de la fiscalía, lo que derivó en la absolución general y la devolución de bienes embargados a los eximputados.

Además de los exfuncionarios del gobierno de Cristina Kirchner, fueron absueltos el exsecretario general de la AFA, Miguel Ángel Silva y el exadministrador financiero Rubén Manuel Raposo. También Natale Antonio Rigano, expresidente de Iveco, y directivos de cooperativas como Eduardo Fortunato Amirante, Jorge Antonio Galitis y Carlos Daniel Dávola.

Rafael Armando Savino y José Lemme, de AFA, fallecieron durante el proceso, por lo que no formaron parte del veredicto final.

La decisión, que se tomó por unanimidad y fue comunicado vía Zoom a los involucrados, podrá ser apelado ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Los fundamentos completos de la sentencia se darán a conocer el próximo 11 de marzo de 2026, lo que podría abrir la puerta a una revisión del caso.

El origen de la causa

La investigación comenzó en 2014, tras una denuncia presentada por la exlegisladora porteña Graciela Ocaña, quien alertó sobre posibles irregularidades en el manejo de los fondos del programa Fútbol para Todos.

Este programa, impulsado durante el gobierno kirchnerista, tenía como objetivo garantizar el acceso gratuito a las transmisiones de los partidos de fútbol de primera división, eliminando el sistema de pago por evento que regía hasta entonces. Sin embargo, según la acusación, el programa se convirtió en un mecanismo para el desvío de fondos públicos.

El fiscal Osorio estimó que, entre 2010 y 2015, las maniobras fraudulentas generaron un perjuicio económico al Estado por más de 131 millones de pesos. Entre las irregularidades detectadas, se destaca el uso de cheques de pago diferido que terminaban en cuevas financieras, ya que los clubes necesitaban liquidez inmediata, beneficiando a entidades privadas.

Además, se cuestionaron contratos de sponsoreo, como el firmado con la empresa Iveco, que habría pagado 86 millones de pesos por publicidad a valores muy por debajo de los estándares del mercado. En algunos casos, los pagos se realizaron en especie, como la entrega de camiones, sin licitaciones públicas ni justificaciones legales que respaldaran dichas operaciones.