La Justicia, a través del juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, impuso una multa diaria al Gobierno Nacional por incumplir una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario: la sanción tiene una valor de $100.000, y está destinada al jefe de Gabinete, Diego Santilli, al ser el responsable de la administración del presupuesto.

La resolución judicial fue dictada este miércoles en respuesta al reclamo que impulsa hace meses el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) debido a la falta de actualización en los salarios docentes y no-docentes, y la escasez de fondos destinado a las becas estudiantiles.

«En concordancia con lo proveído en el marco de la causa principal, atento el incumplimiento verificado, corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en fecha 30/9/2026 y disponer la aplicación de astreintes diarias al funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina, ello, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 100 inciso 1 de la Constitución Nacional y el art. 5 ° de la Ley 27.798, las que se fijan en la suma de $ 100.000 en una primera etapa, pudiéndose modificar los funcionarios alcanzados y el monto», afirma el documento firmado por Cormick.

Tal como dice el documento, el monto inicial se fijó en $100.000 diarios, aunque el magistrado informó que la cifra y los funcionarios alcanzados podrían modificarse si el incumplimiento continúa perpetrándose en el tiempo.

El juez Cormick ya había intimado al Poder Ejecutivo, con un plazo de cinco días, el 22 de septiembre y, ante la falta de registros de pago, luego del vencimiento fijado el día 30 del mes pasado, se hizo efectiva la sanción anunciada en el día de la fecha.

Aunque la gestión del presidente Javier Milei apeló el fallo principal que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025, con el que se intentó anular la Ley de Financiamiento, el juez afirmó que la medida cautelar «continúa activa, firme y de cumplimiento obligatorio», ya fue convalidada previamente por la Corte Suprema.