Tras un intenso debate en la Cámara de Diputados, el oficialismo y sus aliados consiguieron un triunfo clave al asegurarse el tercio de votos necesario para sostener el veto que el presidente Javier Milei aplicó sobre la ley que establecía un aumento en los haberes jubilatorios.

La votación arrojó 160 votos a favor del oficialismo y sus socios, contra 83 de la oposición y 6 abstenciones. De esta manera, la oposición no alcanzó los dos tercios que exige la Constitución para insistir con la sanción de una ley vetada, lo que dejó sin efecto la iniciativa tanto en Diputados como en el Senado, que ya queda fuera de la discusión.

El proyecto preveía un incremento del 7,2% en todas las jubilaciones y pensiones, junto con la actualización del bono para los beneficiarios de la mínima, que pasaría a $110.000 mensuales. Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la medida hubiera significado un costo fiscal equivalente a 0,32 puntos del PBI en lo que resta del año, cifra que en términos anuales se proyectaba en 0,78 puntos del PBI.

La iniciativa también contemplaba adelantos mensuales como compensación del Estado a las cajas previsionales provinciales no transferidas, con un costo de 0,17% del PBI entre agosto y diciembre de 2025, y de 0,38% del PBI en términos anualizados.

El desenlace de la votación era tan ajustado que, en el tramo final, los diputados Rodrigo De Loredo (UCR) y Juan Manuel López (Coalición Cívica) sugirieron como alternativa la insistencia parcial en algunos artículos para captar apoyos indecisos. Sin embargo, esa propuesta no prosperó por la negativa del resto de los bloques opositores.

En ese marco, el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, lanzó un fuerte mensaje:
«Lo quiero decir: hay algunos que colaboraron con la media sanción de esta ley y ahora están mirando para otro lado; hay algunos que hoy colaboraron con los dos tercios para habilitar el tratamiento de este tema y están mirando para otro lado. Más que nunca hay que ser serios y responsables y tener convicciones. Los derechos de los jubilados no pueden estar en una mesa de negociación con el poder de turno», advirtió.