El Estado argentino apeló hoy el fallo que lo obliga a entregar su 51% de participación en la petrolera YPF, en el marco de la causa iniciada por dos fondos especulativos contra la expropiación de la compañía.

Los fondos cuestionan la expropiación aplicada en el 2012, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, y lograron que la jueza Loretta Preska dicte un fallo en primera instancia que obligaría a la Argentina a pagar USD 16.100 millones.

Inmediatamente después de conocerse la apelación, Preska -Jueza de la Corte de Distrito Sur de Nueva York– convocó a las partes a una “negociación”, según indicó el especialista y director de Latam Advisors, Sebastián Maril, a través de sus redes sociales.

El Gobierno ya avisó que no podría entregar YPF aunque quisiera, porque esa operación tiene que pasar por el Congreso por ley.

El fallo fue emitido el 30 de junio último, y le dio un plazo de dos semanas a la Argentina para cumplir con la cesión de las acciones de YPF.

Preska dispuso que se le ordene a la Argentina “transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la orden”.

Horas después, la magistrada norteamericana convocó al país y a los beneficiarios del fallo a una reunión en su corte, con el objetivo de destrabar la disputa por la entrega de información relacionada con el argumento de los demandantes, el cual indica que el Estado argentino e YPF “son lo mismo”.

Esto, conocido comúnmente como “alter ego”, se refiere a la solicitud de información de funcionarios del Gobierno actual y anterior, con el objetivo de probar que hubo injerencia política en las decisiones de la empresa.

Si se confirmara la intromisión del Gobierno dentro de la petrolera, como esperan los fondos especulativos, jurídicamente el Estado e YPF serían “la misma entidad”.

Los demandantes quieren demostrar que el Estado argentino no solo es dueño de YPF, sino también de Aerolíneas Argentinas, ARSAT (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima), ENARSA (Energía Argentina Sociedad Anónima) y el BCRA (Banco Central), lo que podría terminar disparando más embargos.