La Sala IV del máximo tribunal penal ratificó el decomiso solidario y avaló el uso del Índice de Precios al Consumidor para actualizar el monto fijado por el Tribunal Oral Federal N°2

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá afrontar, junto con los demás condenados en la causa «Vialidad», el pago solidario de 684.990.350.139,86 pesos en concepto de decomiso y como pena accesoria al delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La resolución fue adoptada de manera unánime por la Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes en un fallo de 81 páginas validaron tanto el monto como la metodología de actualización empleada, dos puntos que los defensores de la exmandataria habían impugnado.

El decomiso fijado originalmente por el Tribunal Oral Federal N°2 -integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso- fue de 84.835.227.378,04 de pesos. Esa sentencia resultó confirmada por la Cámara de Casación Penal y luego ratificada en junio pasado en la Corte Suprema.

Al actualizar los valores de la compensación económica en favor de la Administración Pública, los peritos oficiales del Máximo Tribunal aplicaron el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y elevarla cifra a casi 685.000 millones. Los abogados de Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, objetaron la decisión al considerar que se habían vulnerado derechos de defensa y que existió un trato desigual respecto de otros casos. Además, criticaron la elección del IPC como índice de actualización y calificaron la resolución como «arbitraria, infundada y contraria a su propia jurisprudencia».

Según plantearon los letrados, el tribunal convirtió lo que había sido una estimación provisoria en un cálculo definitivo «que no puede ser controvertido por las partes», lo que, a su criterio, constituye «una severa lesión al derecho de defensa en juicio». Los abogados también citaron doctrina de la Corte Suprema para sostener que deben ser descalificadas aquellas sentencias que omiten pronunciarse sobre cuestiones propuestas o que lo hacen con afirmaciones genéricas sin fundamentación.

Por su parte, el fiscal general Mario Villar, en dictamen previo, había pedido ratificar el decomiso. Subrayó que se trataba de una pena accesoria vinculada al delito de administración fraudulenta, originado en el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante doce años de gobiernos kirchneristas. Para Villar, «la comisión de hechos punibles no debe ser rentable ni para los autores ni para los partícipes ni para terceras personas», y recordó que el decomiso, su monto y la metodología fueron debatidos en todas las instancias judiciales, incluida la Corte Suprema, por lo que la cuestión está «firme y pasada en autoridad de cosa juzgada».

Sobre la crítica al uso del IPC, el fiscal remarcó que el tribunal «fundamentó adecuadamente su decisión en los informes periciales» y que ese índice fue una de las metodologías sugeridas por la propia perito del Ministerio Público Fiscal. «El razonamiento del tribunal no demuestra defectos lógicos y presenta una sólida argumentación, que respalda sus conclusiones», indicó. Incluso puntualizó que ninguno de los peritos de parte impugnó de manera concreta la metodología elegida.

En contraste, el perito contable de la defensa, José Lucas Gaincerain, había señalado que el cálculo debía ubicarse en torno a los 42.494 millones de pesos, apenas un 6% del monto que finalmente avaló Casación.