El juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes al expresidente Alberto Fernández en el marco de la causa «Seguros», que investiga presuntas irregularidades en la contratación de pólizas estatales durante su gestión. La medida incluye un embargo sobre sus bienes por $14.634.220.283. La decisión judicial se basa en la firma del decreto 823/2021, que modificó el sistema de coaseguro en el Estado y otorgó el monopolio de las contrataciones a Nación Seguros.

El procesamiento recayó sobre Fernández por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de autor.

En una resolución de más de 400 páginas, el magistrado también procesó al empresario Héctor Martínez Sosa, principal beneficiario del esquema de contratación, y a su esposa, María Cantero, quien fuera la histórica secretaria del expresidente en Casa Rosada.

«Su solo nombramiento, dada la sensibilidad de las tareas a cumplir -en especial, su contacto inmediato con la agenda y los quehaceres diarios del primer mandatario- suponía, ya de base, la creación de un riesgo objetivo que exigía mecanismos de mitigación proporcionales a la amenaza», dice el fallo.

Y agrega: «La evidencia reunida mostró, además, que la vinculación entre Fernández, Martínez Sosa y Cantero, tanto en la etapa previa a la asunción del cargo como durante el desarrollo del mandato presidencial, excedió la de una mera relación de amistad y/o laboral. A la par de un trato frecuente y cercano (reflejado en múltiples intercambios por WhatsApp, llamadas telefónicas, visitas y registros fotográficos), se comprobó la entrega de obsequios, flujos dinerarios y gestión de favores personales».

El caso involucra supuestas contrataciones de seguros para distintas oficinas del Estado a través de un intermediario que cobraba comisiones por la gestión cuando podían hacerse en forma directa.

Según un decreto firmado por el propio Fernández, los seguros del Estado los cubría la aseguradora del estatal Banco Nación.

El corredor de seguros es el esposo de la secretaria personal de Fernández y las pruebas en que se basa la fiscalía surgieron del celular de ésta.