La Cámara Federal de Casación Penal resolvió confirmar las condiciones de prisión domiciliaria impuestas a Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad. La decisión ratifica tanto la colocación de la tobillera electrónica como la exigencia de autorización previa para visitas no incluidas en una nómina.

La resolución fue tomada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes analizaron los planteos de la defensa de la expresidenta, que había solicitado eliminar esas dos condiciones. También evaluaron un recurso del Ministerio Público Fiscal, que originalmente buscaba dejar sin efecto la prisión domiciliaria.

Durante una audiencia pública, el fiscal general Mario Villar desistió de su pedido de revocatoria al considerar que la exmandataria viene cumpliendo con los requisitos establecidos, y que ya no se dan las circunstancias que motivaron el planteo inicial.

Por mayoría, Hornos y Barroetaveña resolvieron mantener ambas medidas. Según argumentaron, tanto el sistema de monitoreo como el control de visitas permiten una supervisión judicial adecuada, protegen el proceso penal y, al mismo tiempo, resguardan la seguridad personal de la ex jefa de Estado.

En disidencia, Borinsky sostuvo que no es necesario mantener la tobillera ni restringir las visitas, ya que Cristina Kirchner cuenta con custodia permanente de la Policía Federal, y remarcó que los dispositivos electrónicos son recursos penitenciarios limitados.

La Cámara aclaró que la prisión domiciliaria es una medida excepcional sujeta a evaluación constante por parte de la Justicia. En caso de que cambien las condiciones, podría revisarse su implementación. En ese sentido, Hornos hizo hincapié en que el cumplimiento de penas por hechos de corrupción no puede limitarse a lo simbólico: «La ley debe aplicarse con igualdad, sin importar la jerarquía o notoriedad del condenado, como establece la Constitución».

Finalmente, los jueces confirmaron que el lugar de detención no será modificado. A su vez, recordaron que un cambio de domicilio no puede ser dispuesto por la justicia penal en lo que respecta al uso del espacio público, materia que corresponde al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.