Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., detrás del fentanilo contaminado, fue procesado con prisión prisión preventiva, confirmaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas.

El juez federal Ernesto Kreplak consideró que el empresario «es coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales» por provocar los fallecimientos de 20 personas,  «en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor».

A García Furfaro se le endilga haber intervenido junto a 16 miembros del plantel de ambos laboratorios a través de «la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta en la adulteración del lote 31202 perteneciente al opioide, el cual se encontraba destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024».

«Las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas», remarca el escrito.

Además del propietario de HLB Pharma y Ramallo S.A., fueron procesados con prisión provisoria Diego Hernán García (arresto domiciliario), Nilda Furfaro, Javier Martín Tchunkrán, José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi (detención domiciliaria).

Por otra parte, se dictaminaron los procesamientos sin prisión preventiva de Wilson Daniel Pons, Arzolidys Dayana Astuillo Bolivar, Rocío del Cielo Garay, Eduardo Darchuk, María Victoria García, Edgardo Sclafani y Adriana Iúdica.

“En el marco de las declaraciones indagatorias de María Victoria García, Wilson Pons, Adriana Iúdica, Edgardo Sclafani, Arzolydis Astudillo, Rocío Garay y Eduardo Darchuk, la fiscalía federal interviniente solicitó distintas medidas de coerción con el fin de asegurar la sujeción al proceso de los imputados e impedir que obstaculicen la investigación”, agrega el documento.

El juez también ordenó embargos multimillonarios a los principales responsables para garantizar las eventuales responsabilidades civiles y penales, siendo el mayor el de Ariel García Furfaro, por un billón de pesos.