Por primera vez en más de una década y en el marco del acuerdo comercial, Estados Unidos excluyó a la Argentina de la Priority Watch List  (Lista de Vigilancia Prioritaria), la categoría más crítica de su informe anual sobre propiedad intelectual, y fue trasladada a la Watch List (Lista de Vigilancia). El país figuraba en la «lista negra» desde hace más de 10 años y acumulaba observaciones durante tres décadas por distorsiones en el comercio provocadas por la falta de respeto a los derechos de autor y patentes.

La decisión se conoció tras la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca (ARTI) entre ambas naciones en febrero de 2026, por el cual el gobierno argentino asumió compromisos para elevar los estándares de protección y aplicación de la propiedad intelectual. El documento oficial de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. destaca que el ARTI «beneficiará a los innovadores y creadores estadounidenses al mejorar la protección de la propiedad intelectual (PI) y priorizar la aplicación contra el robo de PI». Entre los compromisos, el país se obligó a avanzar en tratados internacionales clave.

El informe detalla una serie de medidas adoptadas por  el país para salir de la lista prioritaria. Entre ellas, elabora «informes sobre la viabilidad de un régimen de protección de datos y sobre las causas de retrasos en el proceso de concesión de patentes». Además, fortalece la aplicación penal mediante «sanciones disuasorias, incluyendo multas mayores y penas de prisión para la falsificación cometida por redes criminales organizadas». El acuerdo prevé también dotar de autoridad de oficio a las agencias fronterizas, establecer un organismo de coordinación para la aplicación de propiedad intelectual y modificar la legislación local para apoyar acciones civiles efectivas, incluso habilitando medidas cautelares contra la piratería de derechos de autor.

En el terreno operativo, el compromiso argentino incluye «aumentar los operativos e incautaciones en mercados y centros de distribución notorios», así como el desarrollo de una estrategia nacional de aplicación para combatir la piratería y la falsificación. El país se comprometió a «recopilar y publicar estadísticas trimestrales sobre la aplicación de PI, aplicar la responsabilidad de los propietarios de inmuebles cuyos inquilinos vendan productos falsificados o pirateados y promover la cooperación entre los proveedores de servicios de Internet (ISP), titulares de derechos y otras partes interesadas». Según el texto, se busca también «investigar y perseguir penalmente a los operadores de sitios web radicados en la Argentina dedicados a la piratería comercial de derechos de autor».

En efecto, el Gobierno eliminó a mediados del mes pasado una resolución dictada en 2012 que imponía restricciones al otorgamiento de patentes para medicamentos. Desde ahora, la facultad de decidir sobre la concesión de estas patentes recaerá exclusivamente en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que evaluará cada solicitud de manera individual, sin los límites previos que regían hasta la fecha.

Pese a los avances reconocidos, el reporte de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. advierte que el país «sigue presentando desafíos históricos a las industrias intensivas en PI, incluidas las estadounidenses». Persisten dificultades en la aplicación de derechos de propiedad intelectual tanto en mercados físicos como en línea. El informe identifica otra vez a «La Salada y Barrio Once en Buenos Aires» como mercados notorios, mientras que las plataformas digitales asociadas con esos centros continúan distribuyendo productos falsificados y pirateados. En 2025, una orden judicial habilitó 60 operativos simultáneos en La Salada y zonas cercanas, con múltiples detenciones, pero la policía local «generalmente no actúa de oficio y los procesos pueden estancarse en excesivas formalidades».

Entre las recomendaciones, Estados Unidos alienta a la Argentina a «aplicar la responsabilidad de los propietarios de inmuebles y fortalecer la aplicación contra la venta de bienes infractores» en mercados como La Salada y Barrio Once, así como a modificar la ley de marcas para aumentar las sanciones penales por falsificación cometida por redes criminales.

En materia de indicaciones geográficas, Washington insta a Buenos Aires a «garantizar transparencia y debido proceso en su protección y asegurar que la concesión de IG no prive a las partes interesadas del uso de nombres comunes», especialmente en el contexto del acuerdo comercial Unión Europea-MERCOSUR.