Corrientes arrancó 2026 atrapada en una crisis que ya no admite eufemismos. No es “una situación compleja”, no es “el clima”, no es “la herencia”: es un colapso estructural producto de años de desidia política, negocios cruzados y un Estado que dejó de gobernar para administrar el desastre.

Transporte público: una estafa sostenida con plata de todos

El transporte urbano en la capital correntina es hoy una estafa a cielo abierto. Con un boleto que amenaza con escalar a valores obscenos —entre 2.300 y 2.500 pesos—, las empresas ERSA y TCL funcionan bajo un esquema de precarización extrema y subsidios sin control.

Según denuncias del gremio UCRA, el 90% del salario de los choferes se paga en negro, se descuentan aportes a obras sociales que jamás se depositan y los trabajadores quedan sin cobertura médica ni jubilación. Todo esto mientras el municipio pone más del 90% del costo real del sistema para sostener un servicio cada vez peor.

La maniobra es conocida: reuniones que se patean, “procedimientos de crisis” vencidos y una bicicleta financiera que solo beneficia a las empresas. El resultado está a la vista: colectivos vacíos, usuarios expulsados del sistema y miles de correntinos obligados a usar remises o Uber para poder llegar a trabajar.

Sin luz, sin obras y bajo el agua

Como si moverse ya fuera una odisea, Corrientes también vive a oscuras. La DPEC impuso cortes de hasta seis horas diarias en plena ola de calor, disfrazados de “mantenimiento”, pero vividos por la población como un racionamiento encubierto.

Y cuando la luz vuelve, el agua entra. Más de 400 evacuados en localidades como San Luis del Palmar y San Roque expusieron el hartazgo social. La bronca ya no apunta al clima, sino a 20 años de gobiernos radicales sin obras hídricas estructurales. En el Concejo Deliberante el mensaje fue brutal y directo:
“Hace 20 años que gobiernan y no hay soluciones. Dejen de robarnos.”

Valdés, Milei y la provincia castigada

En el plano político, la gestión de Juan Pablo Valdés, heredero directo del poder de su hermano Gustavo, enfrenta una asfixia financiera inédita. Paradójicamente, Corrientes fue una de las provincias más obedientes al Gobierno de Javier Milei, votando leyes clave y avalando el ajuste en el Congreso.

¿El premio? Ninguno.

La Nación le debe 142.000 millones de pesos por el déficit previsional del IPS, deuda cortada por decreto en 2024. Hoy la provincia arrastra un rojo superior a 160.000 millones, paga bonos en cuotas y recibió una de las menores inversiones nacionales previstas para 2026. Obras estratégicas como el segundo puente Chaco–Corrientes siguen congeladas.

Un modelo agotado

Corrientes es hoy una provincia donde el oficialismo pide Emergencia Hídrica mientras sostiene un modelo que ya fracasó. Donde se gobierna con marketing, alianzas tácticas y discursos vacíos, pero sin obras, sin planificación y sin respuestas.

Entre barrios inundados, colectivos que no pasan y tarifas imposibles, la pregunta es inevitable:
¿Cuántas crisis más necesita la política correntina para entender que gobernar no es administrar el abandono?